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Cambiar el rumbo en materia ambiental 29/09/08

Escribe: Diputado Pablo Failde external image 2failde.jpg
Vice presidente de la Comisión de Ecología
Diputado
del Bloque Frente para la Victoria
pablo.pailde@legislatura.gov.ar



La ley de Basura Cero comprende la reducción gradual del volumen de los residuos sólidos urbanos hasta una meta ideal "0", objetivo final y nombre de esta norma. Dispone la separación en origen, el reciclado y el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en concordancia con el criterio ambiental para el tratamiento de los residuos que impera en las principales ciudades del mundo. La fracción orgánica de los residuos urbanos debe recibir también un tratamiento biológica y ambientalmente sostenible.

Cada día que pasa sin que la ley 1854 esté plenamente operativa se agrava el problema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de crecimiento económico sostenido y de mayor consumo, los RSU crecen a una tasa sumamente importante y la respuesta que la Ciudad tiene en sus manos sigue sin ser ejecutada. Frente a esto he presentado el proyecto de ley 459-D-08 que propone un incentivo para la selección domiciliaria de residuos estableciendo descuentos en la tasa de ABL. Es un programa acotado en el tiempo, que propone metas y que promueve la toma de conciencia sobre el problema de los RSU, un problema de todos los habitantes de la ciudad que, además, trasladamos a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires.

Con este proyecto buscamos iniciar la cadena de conductas ambientalmente responsables con relación al tratamiento de los residuos ofreciendo al vecino un beneficio tangible, traduciendo el ahorro en materia de entierro sanitario en una reducción de la tasa que el vecino paga por alumbrado, barrido y limpieza. El compromiso de los ciudadanos es clave para el éxito de la ley de Basura Cero y el proyecto se orienta claramente en ese sentido.

La ley de Basura Cero genera dos cadenas. Transforma los residuos en una cadena de valor y a toda la sociedad en una cadena de actores. La falta de cumplimiento del ejecutivo impide la consolidación de ambas.

El fracaso o escaso grado de implementación de los programas contemplados en la norma, que incluyen a los recuperadores urbanos, se ha debido en su mayor parte a la pasividad del Gobierno en su papel de articulador de las políticas de coordinación de la actividad cooperativa y de la creación de centros Verdes y en el prácticamente nulo avance en la reglamentación de la Ley 1854 (Basura Cero).

La cadena de actores, que debería empezar con el incentivo a la ciudadanía para separar en origen, encuentra a un estado incapaz de eslabonar secuencialmente y poner en marcha los elementos más básicos del sistema. Mientras tanto, no hay cadena de valor alguna en cuanto a los residuos, la casi totalidad de estos sigue teniendo como destino el relleno sanitario, la selección informal y una mínima parte es objeto de separación por parte de los Recuperadores Urbanos.

La ley de Basura Cero tiene como particularidad el planteo de metas graduales. Tiene objetivos en el mediano y en el largo plazo que exceden al menos tres períodos de gestión gubernamental. Es capital la obligación del actual gobierno de iniciar este proceso que, inevitablemente, no está destinado a concluir. Un próximo gobierno del mismo o de diferente signo deberá continuar y uno más deberá finalizar este proceso, en el mejor de los casos, tal el grado de compromiso asumido por todo el sector político al sancionar la norma.

Con la presentación del proyecto de ley para que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires autorice al gobierno de Macri a licitar el Servicio Público de Higiene Urbana por diez años, más dos de gracia, y la decisión de redactar un pliego que incluye el pago por tonelada, la omisión del Servicio de Recolección Diferenciada -con el consiguiente retiro de los contenedores para la disposición selectiva- y que no se ocupa de los residuos electrónicos, pilas, y otros tipos de residuos altamente contaminantes que indefectiblemente van a ir a parar a los rellenos sanitarios de la Provincia de Buenos Aires, donde van a contaminar las napas de agua, el Ministro Piccardo está asestando un golpe fatal a una ley que puede tener que mejorarse, pero que sin ninguna duda es la que recoge el consenso mayoritario de todo el arco ambiental acerca de cuál es el camino a seguir en materia de gestión de residuos urbanos.

En Buenos Aires tenemos una oportunidad histórica de cambiar el rumbo en materia ambiental y de gestión de residuos. Tenemos el marco jurídico con la ley 1854, la ley 992, la reciente ley de mi autoría para los residuos electrónicos de la administración, que se pueden corregir, mejorar pero que han logrado reunir una amplio grado de consenso en cuanto a que el camino es el consumo responsable, la reducción en la generación, la selección, la reutilización y la disposición final de manera adecuada. Contamos con la ya unánimemente reconocida y establecida labor de los recuperadores urbanos. Contamos con una Legislatura capaz de brindar las herramientas jurídicas necesarias. Y este gobierno cuenta con uno de los presupuestos más altos como para poner en marcha este importantísimo dispositivo.

Sin embargo, con un pliego que no entra en sintonía con este criterio ampliamente mayoritario, corremos el riesgo de no sólo dejar pasar esta oportunidad, sino de comprometer seriamente nuestro futuro y el de nuestros vecinos bonaerenses.

Diputado Pablo Failde
Legislador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
http://www.legislatura.gov.ar/